El Gobierno quiere que los centros de datos que llegan a España paguen su propia energía limpia, y el sector dice que así se irán a otra parte. El proyecto de real decreto del MITECO fija requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de soberanía digital para cualquier instalación de al menos 1 megavatio.
La audiencia pública se cerró el 10 de septiembre y el texto todavía no está aprobado. Pero la patronal ya ha puesto cifra al riesgo: según SpainDC, hay 66.900 millones de euros de inversión prevista hasta 2030, y la mayor parte podría no llegar.
Qué exige el nuevo decreto
El centro de datos tendrá que acreditar que cubre el 80% de su consumo con renovables nuevas en España, con autoconsumo o contratos de compra de energía de plantas que lleven como mucho 18 meses en servicio. Además, cada hora al menos el 80% de lo que consume debe estar respaldado por renovable generada en esa misma hora.
Hasta que llegue la etiqueta europea, el texto marca un PUE máximo de 1,15 y un WUE de 0,1, dos indicadores de eficiencia en energía y agua. Quien incumpla pagará recargos en peajes y cargos eléctricos de entre el 100% y el 500%, y un incumplimiento grave y reiterado puede costarle el permiso de conexión a la red.
Seis meses para los proyectos a medias
La parte que más preocupa al sector es la de los proyectos que ya tienen permiso de acceso y conexión pero aún no están conectados. Tendrán seis meses para demostrar que cumplen; si no, los permisos caducan y se ejecutan las garantías que depositaron.
El decreto también cierra la puerta a alojar sistemas públicos sujetos al Esquema Nacional de Seguridad salvo que los datos se traten exclusivamente dentro de la Unión Europea. Es una medida de soberanía digital que obliga a mirar con lupa dónde se procesa cada dato público.
El sector habla de veto
SpainDC, la asociación española de centros de datos, calcula en una nota del 31 de agosto que el nuevo marco podría poner en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión que podría elegir España. Su presidente, Emilio Díaz, fue más lejos en la presentación de sus alegaciones y avisó de que la suma de requisitos puede convertir la norma en un veto al sector.
Las comunidades también han movido ficha. Castilla La Mancha presentó diez alegaciones pensando en proyectos como el de Meta en Talavera de la Reina, y la Junta de Extremadura ve comprometidos más de 7.300 millones en cuatro proyectos, según la prensa regional. En Aragón, solo Amazon y Blackstone suman más de 45.000 millones anunciados, según la prensa aragonesa.
Qué significa para las empresas españolas
Pocas pymes tendrán nunca un centro de datos, pero casi todas dependen de uno. Si la capacidad nueva se retrasa o se va fuera, la nube y los servicios de IA con datos alojados en España pueden llegar más tarde o salir más caros, algo que pesa en sectores con datos sensibles. Nuestra noticia sobre centros de datos bajo el mar y en órbita muestra hasta dónde llega la búsqueda de sitio.
La norma aún puede cambiar: faltan los informes de la CNMC y del Consejo de Estado. Mientras tanto, conviene saber dónde se procesan tus datos y qué alternativas tienes, una conversación que cabe en cualquier consultoría de IA antes de firmar un contrato de nube a varios años.
