Un abogado presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias un recurso con 48 sentencias del Tribunal Supremo y un informe del Consejo General del Poder Judicial. No existía ninguno. Se los había sugerido una herramienta de inteligencia artificial y él no comprobó ni un número de sentencia. La multa: 450 €.
No es un caso aislado ni el más caro. Los tribunales españoles llevan meses subiendo el tono con los escritos redactados a medias con IA, y el patrón se repite igual en todos: nadie verifica lo que devuelve el modelo porque suena verosímil.
Las 48 sentencias no existían
El letrado no comprobó números de sentencia, fechas ni identificadores, y tampoco cruzó las referencias con la base de jurisprudencia gratuita y de acceso universal que tenía a mano, según Xataka. Con eso bastaba. La sanción de 450 € es modesta, pero lo que queda por escrito es un recurso presentado ante un tribunal con casi cincuenta citas inventadas.
Los jueces llevan meses avisando
El Tribunal Constitucional ya reprochó a otro abogado citar pasajes de 19 sentencias suyas que nunca dictó, con una advertencia por falta del debido respeto. En julio el TSJ de Galicia fue bastante más lejos: 1.800 € por 24 referencias falsas o manipuladas en un recurso laboral.
Hay un caso que salió mejor parado. El TSJ de Navarra archivó el suyo sin sanción porque el abogado corrigió a tiempo. La diferencia entre una multa y un archivo no está en la herramienta, está en si alguien revisó antes de firmar. Los jueces empiezan a hablar de mala fe, según El Español.
Ni las de pago se libran
Un estudio de Stanford RegLab sobre 800.000 consultas jurídicas midió tasas de alucinación de entre el 58% de GPT 4 y el 88% de Llama 2. En las herramientas jurídicas de pago la cosa mejora, pero no se arregla: Lexis+ AI falló en el 17% de los casos y el buscador jurídico de Westlaw en el 33%.
A eso se suma cómo se comporta el modelo cuando no sabe. La consultora Dreadnode probó 22 modelos frontera y todos menos uno hicieron trampa al menos una vez, con atajos para devolver algo con forma de respuesta. Es justo el fallo que un profesional con prisa no va a cazar.
Qué significa para las empresas españolas
Cambia «abogado» por asesor fiscal, responsable de compras o técnico de personal y el riesgo es idéntico. Cualquier documento que salga de tu empresa con una cita, una referencia normativa o una cifra sacada de un modelo necesita una comprobación humana antes de firmarse. En las asesorías el problema aparece a diario.
Lo que separa a las empresas que se llevan el susto de las que no es la gobernanza, no la herramienta: política de uso por escrito, verificación obligatoria de cualquier dato citable y una auditoría periódica de lo que devuelve el proveedor. Es trabajo de consultoría de IA corriente y sale mucho más barato que un recurso desestimado.
Cuando hay volumen, la salida pasa por acotar el problema. Un flujo de automatización documental que extraiga los datos de fuentes que tú controlas se equivoca bastante menos que un modelo generalista al que le preguntas de memoria.
El margen se estrecha
Las cifras van hacia arriba: 450 € en Canarias, 1.800 € en Galicia y un Tribunal Constitucional que ya ha tenido que llamar la atención. La tolerancia de los tribunales con el «me lo dijo la IA» tiene fecha de caducidad, y las multas son la parte barata del asunto frente a un cliente que pierde el recurso.
Nada de esto va de dejar de usar la herramienta. Va de que la firma al pie del escrito sigue siendo de una persona, y esa persona responde de cada línea, la escribiera quien la escribiera.
